Manipulaciones...

Antes de empezar con los tribunales, (el que lo desee puede ir leyendo la sentencia de 1848 que hemos adjuntado a al documentación), vamos a hablar de manipulaciones y silencios, manipulaciones y silencios de datos y autores que Zapirain maneja a su antojo a lo largo del libro “Pasaia 1805-2005”.
Empecemos con las manipulaciones y como muestra vale un botón. En la página 99 coloca un mapita del historiador Banús, sin citar la procedencia, —sobresaliente en metodología—, y sin el menor escrúpulo lo comenta haciendo decir a Banús algo que ni de lejos se puede deducir del mapa.

El mapita es el siguiente:

Este mapa esquemático dibujado por Banús para dar una idea de las segregaciones que el término de San Sebastián ha conocido desde que se le concedió el Fuero en el siglo XII, Zapirain lo manipula con el siguiente comentario: "El investigador donostiarra BANÚS, que se distinguió por las descalificaciones contra Vargas Ponce, admite, sin embargo, en este mapita la muga municipal que debería corresponder a Pasaia y que, en su propio dibujo, se acerca más a lo dispuesto por Vargas que a lo que hoy se considera muga oficial". El sectarismo de Zapirain es tan mayúsculo a lo largo de todo el libro que es incapaz de darse cuenta que en este sencillo mapa Pasai Antxo queda en su totalidad fuera del término de Pasaia.

Para dar una idea gráfica del nivel de manipulación de Zapirain, hemos dibujado con una línea roja el territorio altzatarra que Vargas pretendía entregar a Pasaia y que, no hace falta decirlo, Banús lo representa como término altzatarra.

Ya hemos dicho que esto no es más que un botón. El libro está plagado. Sólo en esta página vuelve a manipular a Banús y a Serapio Múgica. Más adelante, quizás, volvamos con algún otro ejemplo del "todo vale" practicado por Zapirain.

Mugas de Pasaia: nos vamos de tribunales

En los meses que han transcurrido desde el último comentario se han producido unos hechos relevantes que han cambiado un tanto el panorama. Como cabía esperar, todos los partidos representados en el ayuntamiento se han puesto de acuerdo y en verano han aprobado el proyecto inicial. Ya estaban de acuerdo en construir, sólo les faltaba decidir cómo repartirse el pastel.
Acto seguido, se ha consumado la división entre los protagonistas de la oposición altzatarra al proyecto, reflejada en la prensa en el intercambio de comunicados entre los representantes de Altza XXI, Altzan Bizi y los que participan en el Plan de Desarrollo Comunitario. Muestra una vez más de las atávicas servidumbres que tan bien conocemos en Altza.
Que en San Sebastián el tema de construir en la zona rural de Altza se esté retrasando unos cuantos años no es debido, por desgracia, a la mayor o menor presión que los altzatarras hayamos podido ejercer sobre los políticos. Mucho menos a la presión del ayuntamiento de Pasaia. Han sido la prepotencia y chulería de Elorza y Letamendía que no querían compartir los beneficios de la operación las que han impedido que un modelo de ciudad al servicio de los constructores haya “ensanchado” Altza.
Con la debilidad altzatarra y el acuerdo municipal sobre la mesa, el festín está servido. Sólo falta un detalle: Pasaia, que tanta compasión despierta pero que tan poca ayuda recibe, quiere participar en el reparto.
Conscientes de este fleco y ante la amenaza de llevar a los tribunales el tema de las mugas, algunos grupos políticos donostiarras presionan a favor de un acuerdo entre ambos municipios para repartirse el territorio altzatarra. En 2002 Letamendía estaba dispuesto a ceder territorio altzatarra en Molinao abaratando de este modo los costos que suponía reconvertir el polígono de Papin. El alcalde Aldunzin desde Pasaia y los concejales donostiarras de Batasuna se negaron a colaborar con Elorza. Aldunzin, promotor del expolio, quería más trozo de tarta. Y con él, todos el conjunto de los representantes políticos pasaitarras. Esa clase política incapaz de hablar y buscar una salida a la salvaje e inhumana convivencia política vasca, ni en encauzar una solución al caos que sufre Pasaia, encuentra acuerdos con facilidad cuando de cemento se trata y se pone firmes al toque de corneta de la construcción.
Han invertido dinero en la invención del cuento y no se les puede negar el éxito mediático obtenido. Ahora, lo anunciaron antes del verano, van a dar un nuevo paso y llevarán el tema a los tribunales. Y por lo que conocemos de la justicia española, el espectáculo está garantizado. Algunos, como Altza XXI en respuesta a una pregunta de una periodista de Gara, ven este nuevo paso “una puerta a la esperanza”. La esperanza, decía Nietzsche, es el peor de los males, pues prolonga el tormento del hombre. La marcha gris desplegada sobre Altza está siendo un tormento y no se detiene: grandes bloques de viviendas en la plaza San Luis, Bertsolari Txirrita, Nerecán, Buenavista, Gomistegi, falda de Ulia. Pronto entrarán en Antondegi... En Pasaia se está haciendo lo mismo y sobre estos teman Gómez, Goikoetxea, Sánchez Berra y Aldunzin piensan igual. ¿Dónde cabe la esperanza?
No nos vamos a poner trágicos, al fin y al cabo somos urbanitas que básicamente sabemos sobrevivir sobre cemento y asfalto. Si algunos nos ponemos una margarita en el pelo o colgamos un trapo verde en el balcón, no es porque soñemos con una arcadia natural en Altza, ni muchísimo menos, sino por una necesidad de expresar el hastío ante tanta falacia política, ante tanta mentira que a fuerza de repetirse parece verdad, ante tanto historiador, abogado, técnico en medio ambiente y demás paniaguados al servicio del mejor postor. Es el signo de los tiempos que corren. Algunos optan por el silencio, el anonimato y la abstención. Parece que cada vez más y en más sitios. Al final, quizá, ahí terminaremos, disueltos en la mayoría silenciosa, pero mientras, aún tenemos en la carpeta algunos documentos que merecen ser publicados y comentados. Nosotros también, en los próximos comentarios nos vamos de tribunales.

Vargas se despide reconociendo que su deslinde no tiene valor

Antes de pasar a otro momento del conflicto de mugas, nos vamos a despedir del periodo Vargas leyendo la correspondencia reservada que mantuvo con el ministro de Marina entre 1805 y 1807.
A lo largo de su lectura podremos observar cómo Vargas va pasando de la euforia inicial por el éxito en su misión a la más intensa frustración cuando se ve destituido con la promulgación de la r. o. de 15 de enero de 1807.
En el transcurso de esos dos años vemos a Vargas intentando conseguir para su propuesta la imprescindible aceptación del rey, haciendo valer en primer lugar su prestigio personal y, pasando al final, a la desesperada, a presionar utilizando las armas más rastreras del cotilleo para conseguir su objetivo.
Por si a alguien le quedaba alguna duda, en la carta que envía con el auto y plano proponiendo el deslinde, tras explicar sus razones, recuerda que su delimitación no se puede hacer efectiva sin la aprobación del rey (“previniendo queda sólo indicada y sin efecto hasta la resolución de S. M.”). En la misma carta explica también las razones que le mueven a proponer la adjudicación a Rentería de la vertiente del puerto de Basanoaga, en Molinao.
A pesar de todo, y mientras haya fondos públicos que les mantenga, seguirá habiendo más papistas que el papa que, sin vergüenza, otorgarán al deslinde de Vargas una validez que el propio Vargas, de su puño y letra, niega.

Dos trabajos del historiador Fermín Muñoz Echabeguren

Incorporamos a la documentación del blog dos trabajos realizados por el historiador Fermín Muñoz Echabeguren en torno al tema que tratamos, y que nos ha enviado tan amablemente.
El primero es el "Informe sobre la aldea y puerto de Pasajes", informe que aborda el intento de la ciudad por recobrar su antiguo puerto en el año 1827, año en que Pasajes de San Pedro solicita al rey su reincorporación a San Sebastián, previa concordia entre ambas partes. Transcribe lo recogido en las actas municipales donostiarras entre noviembre y diciembre, quedando reflejado claramente el punto de vista de la ciudad y el objetivo que perseguía.
En el segundo trabajo nos presenta el "Plan Beneficial de 1776", documento de carácter económico y religioso en el que se hace una relación exhaustiva de las casas y número de vecinos que correspondía a cada una de las parroquias que se encontraban bajo la jurisdicción de San Sebastián, San Marcial de Altza y San Pedro entre ellas. El interés de este documento radica en que define de forma detallada cual es el ámbito territorial de cada población y, cuando llegue el momento de la segregación de San Pedro, a qué territorio extendía su jurisdicción. Vargas podía agrandar esa jurisdicción cediendo a Pasaia el puerto, que, nadie cuestionaba, era del rey, pero no podía expoliar a Altza, sin más, de un tercio de sus casas, que es lo mismo que decir, de sus riquezas. Que esos términos estaban bien definidos y eran administrados dentro de la ciudad por entes con personalidad jurídica queda de manifiesto cuando el obispo se dirige a “Los cargo habientes, vecinos y concejo del lugar del Pasaje, jurisdicción de dicha ciudad y los jurados, regidores, diputados, síndico personero del común y vecinos y moradores de la población de Alza, para que dentro de nueve días siguientes a la Notificación parecieren en nuestro Tribunal por medio de Prior legítimo con poder bastante (…)”
Dos documentos, estos que nos ha ofrecido Fermín Muñoz, de gran interés para entender mejor algunas de las claves del conflicto de mugas en sus orígenes.

Los castillos de arena de Belaustegi

Este mes se ha cumplido un año del conflicto de límites planteado por Pasaia, y su cerebro gris, Joseba Belaustegi, ha saltado a la palestra por medio de una entrevista en Oarsoaldeako Hitza para insistir en lo mismo: investir al auto de Vargas con una legalidad que no tuvo, y tratar de imponérselo a los altzatarras por encima de todo.
Belaustegi tiene el triste mérito de ser el padre de la criatura. Él cierra el archivo de Pasaia, se lleva los documentos a casa, y se toma hasta diciembre para preparar el asalto a los tribunales. ¿Por qué necesita tanto tiempo? Desde 2002 dándole vueltas al tema y, ¿aún no sabe que estrategia jurídica seguir?
Lo que le pasa a Belaustegi es que construye barrocos castillos de arena que se disuelven al menor contacto con la crítica. Hace un año arrancaron públicamente con el conflicto presentando un libro de historia escrito para la ocasión. En el prólogo del mismo, en un claro ejemplo de autopromoción, nos cuenta cómo tras su “descubrimiento” encargó el informe histórico a Zapirain, a partir del cual se redactó el informe jurídico. Un año después, nos dice en la entrevista que el tema no es histórico, que de historia hablaremos en una segunda fase, después de que se haya impuesto su legalidad. Dice que no van a entrar en debates de historia y, visto la calidad de lo que han enseñado hasta ahora, se comprende por qué quiere olvidarse de momento de la historia.
En la entrevista también dice, y no se le cae la cara de vergüenza, que respeta la personalidad y peticiones de otros pueblos, como Altza. ¡Qué entenderá este señor por respeto cuando pretende apropiarse de un tercio del término municipal altzatarra, en base a lo que hace 200 años un señor llamado Vargas pretendía hacer! Belaustegi tiene el dudoso honor de ser el primer pasaitarra que en 200 años se empeña en hacer valer el disparate de Vargas pasando por encima de la voluntad de los altzatarras que han vivido y viven en ese territorio.
Construyendo castillos, nos cuenta que todo empezó con el conflicto de límites con Lezo… Pero ese conflicto se le olvida rápido porque enseguida se le van los ojos detrás de las lomas de Altza. Sin lugar a dudas, los terrenos de Auditz-Akular, Landarro… pueden dar mucho más que la térmica de Iberdrola. Pensar que esta es la razón que les mueve es, según él, una gran estupidez (“ergelkeri galanta”, en sus palabras). Pero, como se suele decir, antes se le coge a un mentiroso que a un cojo, y no hay más que leer cómo responde a la última pregunta de la entrevista: “¿Qué beneficio puede reportar todo esto a los pasaitarras? Pasaia se encuentra muy ahogada en las mugas actuales, y necesita más tierras.” Más claro, agua clara.
Belaustegi, el constructor de castillos de arena, está ahora concentrado en la estrategia jurídica. Desde la estupidez que nos atribuye, nos atrevemos a aconsejarle que afine un poco más en los conceptos e informe un poco mejor a los catedráticos redactores del informe jurídico. Dos botones de muestra para ver cómo construyen su argumentación. Dicen los catedráticos: “De este modo su informe (el de Vargas), escriturado públicamente, se convierte, a juicio de los informantes, en el Acta fundacional de un nuevo municipio al que hoy conocemos con el nombre de Pasaia.” Confunden el informe que envió Vargas al ministro con el auto, y ni uno ni otro son actas fundacionales de nada. ¡Ay, con los informantes! Y, claro, con esa lógica, las conclusiones son del mismo tono: “Quinta.- Los informantes advierten en los deslindes una inadecuación a lo establecido por Vargas Ponce cuyo fundamento desconocemos. Sólo podrían admitirse estos deslindes como aplicación de una segregación que desconocemos. Si existe hay que atenerse a lo en ella dispuesto y si no existe los deslindes son actos nulos jurídicamente…”
Dejemos a Belaustegi con sus castillos. En adelante, aparcaremos de momento lo que podemos denominar como el periodo Vargas que nos ha ocupado hasta ahora, y nos meteremos de lleno en el periodo de las sentencias judiciales que abarca toda la segunda mitad del siglo XIX (1848-1899).

La segregación de San Pedro

Por mucho que a los redactores del informe jurídico sólo les interese hablar de la prerrogativa que asiste al rey y al estado para segregar un término e imponer unos límites municipales, lo cierto es que desde la fundación de las primeras villas guipuzcoanas hasta la ley vigente en la actualidad de 1986 se ha contemplado y recogido en los documentos fundacionales la voluntad de la población directamente implicada, expresada a través de escritos dirigidos al rey (ej. Rentería, 1320) o, como se contempla en la actualidad, manifestada a través de los representantes políticos o por “petición escrita de la mayoría de los vecinos residentes”.

El caso de San Pedro, en ese sentido, es peculiar y muy diferente al de los procesos de independencia de las villas de su entorno y, en particular, al de San Juan. No conocemos un solo documento anterior a la intervención de Vargas Ponce donde quede recogida la voluntad de los vecinos de San Pedro de segregarse. Sí consta, sin embargo, el intento de los sanpedrotarras por retrasar el acto de constitución del nuevo ayuntamiento en 1805, a lo que se negó Vargas, quien actuó como un auténtico comisario político, supervisando todos y cada uno de los detalles de la segregación y unión a San Juan. Las suspicacias de los vecinos de San Pedro debían ser manifiestas porque en la real orden de 19 de agosto de 1805 se fija con todo detalle un estricto orden de turnos entre las dos bandas en la administración del nuevo municipio, así como una cuota de representación fija de un tercio para los de San Pedro. Esto no debió ser suficiente porque dos años después el rey accede a la petición de los pasaitarras de dotar al nuevo municipio con dos alcaldes, uno para cada banda (R.o. 15-1-1807). Si a esto le añadimos la petición de reincorporarse a San Sebastián, y que fue rechazada por el rey imponiendo “perpetuo silencio” (29-4-1828), los motivos que tenemos para dudar de la voluntad de los sanpedrotarras a favor de la segregación están más que justificados.

Contrasta con los datos anteriores el recorrido histórico realizado por San Juan. Esta resumida secuencia de hechos nos da una idea cabal de esto que estamos diciendo: En 1557, tras varias décadas de pleitos, la aldea de San Juan consigue separarse de Lezo y la plena jurisdicción espiritual sobre su término; En 1627, en pleito con San Sebastián, logró la jurisdicción espiritual plena sobre las aguas del puerto (hasta entonces, las iglesias de San Sebastián, San Pedro y Alza habían enterrado los muertos hallados en la bahía); En 1770 se separó definitivamente de Hondarribia obteniendo el título de villa tras largas gestiones y un importante desembolso de dinero.

Además, junto a Rentería, San Juan corrió con los gastos ocasionados por la estancia de Vargas Ponce (R.o. 6-7-1805), y promovió en 1803 una “cruzada” contra San Sebastián en pro de lograr la jurisdicción sobre el puerto, que culminó con las actuaciones de 1805 que todos conocemos. [Un hecho que da idea del ambiente enrarecido que ha rodeado la celebración del bicentenario, es el hecho de la sustracción hace tres años del archivo de Rentería del documento “Comunicaciones cruzadas entre Rentería y Pasajes de San Juan para emprender juntos una cruzada a favor del libre comercio en el puerto de Pasajes, sacándolo del poder de San Sebastián; cartas del Príncipe de la Paz, diciendo que espera sean atendidas por S.M. las instancias de estos pueblos (24 de enero y 10 de febrero de 1803)”, que acabamos de citar]

Es evidente que la cuestión de la unidad política de Pasaia es complejo y que cualquier aproximación al tema difiere muy mucho de la visión simplista e interesada de Zapirain (“200 años de unidad”), que busca fortalecer la identidad pasaitarra a base de inventar agravios históricos con los pueblos vecinos, fórmula, por otro lado, archiconocida por sus nefastas consecuencias y de la que tanto pasaitarras como altzatarras nos tenemos que resguardar. (Una visión más serena, realista y objetiva de este tema en: PEREZ ALDASORO, Pío; ELBERDIN, Josu: “Udalerriaren sorrera eta nortasuna/Formación del municipio e identidad local”, en: Pasaia, Iraganaren oroigarria, etorkizunari begira/Memoria histórica y perspectivas de futuro. Donostia: Untzi Museoa/Museo Naval, 1999, 196-203)

Un acto de dignidad y resistencia

Esta tarde cincuenta y tantas personas nos hemos reunido en Casares convocados por Altza XXI transpirando rabia y con ganas de actuar.
Rabia por que se han cargado la vaguada de Herrera, con su bosquecillo y camino, para meter un bloque y colapsar aún más si cabe Larratxo.
Rabia por cómo han llevado el tema de la plaza de Elizasu y el ascensor.
Rabia por los viales y bloques que han impuesto en el PERI de Herrera.
Rabia por el tema de Auditz-Akular, por la mentira de la participación ciudadana, por los intereses económicos que hay detrás, por el servilismo de los técnicos, por la prepotencia de los políticos.
Pero no nos hemos reunido sólo para llorar, sino para afirmar nuestra dignidad ante tanto abuso y nuestra voluntad de resistir. Seis años frenando Auditz-Akular, manifestándonos multitudinariamente para cerrar San Marcos; dando portazos para impedir que un ascensor/bloque de hormigón que no ha pedido nadie se lo planten a unos vecinos en el balcón... Así es, sólo queda, en lo que podamos, resistir.

Acto de voluntad

En octubre pasado, José Manuel Castells, Demetrio Loperena y Xabier Ezeizabarrena firmaban junto a otros profesores universitarios un manifiesto a favor del derecho a decidir del pueblo catalán.

Esos mismo señores, autores del informe jurídico encargado por el ayuntamiento de Pasaia, nos recordaban en dicho informe que tanto en el pasado como “en el régimen jurídico administrativo vigente, la creación de un municipio no es fruto de una decisión autónoma de sus moradores sino de un acto de autoridad”. Y a continuación muestran su admiración por el despotismo de aquellos ilustrados calificando como "ejemplar" la lectura del informe Vargas Ponce.

Y como lo toman de ejemplo, ese “más firme apoyo y solidaridad al derecho de decidir del pueblo catalán” que expresan en el manifiesto para con los catalanes, ese derecho no les parece extensible a los vecinos de Bidebieta, Herrera, Buenavista… que en virtud de lo que propugnan sus patrocinadores, y a cuyo servicio está redactado el informe jurídico, pasarían a ser pasaitarras como consecuencia de un supuesto “acto de voluntad” de hace doscientos años.

Que un personaje como Vargas pretendiera obtener del rey que ejerciera dicho acto de voluntad y que, como resultado del mismo, cincuenta y nueve casas altzatarras con sus moradores pasaran de la noche a la mañana de ser altzatarras a ser pasaitarras, puede incluso parecer comprensible, pero que algo similar pueda pasar por las cabezas de hombres que se dicen defensores del derecho a decidir de los pueblos como Loperena, Castells o Ezeizabarrena (letrado documentalista en el informe histórico, y actual portavoz del PNV en el ayuntamiento donostiarra) resulta maquiavélico.

En el caso de San Pedro, sin embargo, sí se produjo tal decisión real, y que Vargas tan eficazmente tuteló. Por mucho que a Zapirain se le caiga la baba leyendo los discursos de las autoridades en el acto de constitución del ayuntamiento de Pasaia en 1805, a nosotros nos parece que la segregación de San Pedro fue, en este caso sí, un acto de la voluntad del rey, una imposición. Pero sobre ello volveremos más adelante.

Sobre secretismo e imparcialidad

Vamos a hablar del secretismo practicado por el ayuntamiento de Pasaia y de la cacareada imparcialidad del informe histórico de Aranzadi.

Veamos. En enero de 2005 por medio de la revista Pasaian (“¿Cuáles son las auténticas mugas de Pasaia?”, nº 40) se filtraba la existencia de un investigación “reservada” que venía a poner en duda las mugas oficiales. A partir de ahí, al hilo de la conmemoración del bicentenario, vino la presentación del libro de David Zapirain, y amplias entrevistas en la mencionada revista local al autor del libro (nº 44), a los ex-alcaldes miembros de la Comisión Especial de Mugas creada ad hoc (nº 48), así como a los catedráticos redactores del informe jurídico (nº 51), todos al unísono repitiendo las mismas consignas, y hablándonos de lo que dice el informe redactado por la Sociedad de Ciencias Aranzadi, de una imparcialidad incuestionable, e incluso, como nos recordaban los catedráticos, merecedora de la medalla de oro con que la propia Ciudad de San Sebastián premió su labor.

Pero no es oro todo lo que reluce. Alardear de imparcialidad y jugar a esconder informes disimulando su autoría no anuncian nada bueno.

Como es natural, nosotros teníamos interés en leer los informes, y con ese fin encaminamos nuestros pasos a Aranzadi y al archivo de Pasaia, encontrándonos en ambos casos con una situación que cuando menos se puede calificar de patética.

En Aranzadi se encuentra registrada un copia del informe histórico (16 de abril de 2002) que lleva por título “Los límites jurisdiccionales entre Donostia y Pasaia: 800 años de conflicto inacabado”, a la que le falta el apéndice documental, imprescindible en un trabajo de esta índole, y, sorprendentemente, no aparece por ningún lado el nombre de su autor y redactor. Estas circunstancias son del todo anómalas y, a nuestro entender, nada casuales. Nos encontramos ante una usurpación consentida del nombre de Aranzadi al mejor servicio de una causa particular, la de David Zapirain, autor oculto del informe.

El patetismo del caso sube un grado más cuando nos dirigimos al archivo municipal de Pasaia con la idea de ver las versiones definitivas y completas de los informes histórico y jurídico, una copia del informe manuscrito de Vargas, y algunos documentos más, sin mayor trascendencia. Tras varios intentos infructuosos, al final conseguimos hablar por teléfono con el secretario municipal, señor Belaustegi, quien, sencillamente, nos dice que no podemos acceder a dichos documentos, porque está preparando el tema para llevarlo a los tribunales, y que es materia reservada, remitiéndonos para cualquier información al libro de Zapirain. Él sabe que vulnera la legalidad impidiéndonos el acceso a un archivo público y sus documentos.

Pero no vamos a perder más el tiempo en reclamaciones burocráticas para que nos mareen. En todo este tiempo hemos contado con una copia de esos informes que, en cuanto podamos, los colgaremos en este blog para que todo el quiera pueda ver lo injustificado del secretismo y su descarada parcialidad.

La misión secreta de Vargas Ponce

Hasta el momento sólo hemos hablado de Vargas como principal promotor de la segregación de San Pedro con el objetivo confeso de alejar a San Sebastián de cualquier pretensión sobre el puerto.

Pero este suceso no es un dato aislado, sino que se produce en un contexto, en una sucesión de hechos que nos permiten entender cuál fue la misión que trajo Vargas a Guipúzcoa, una misión secreta al servicio del estado.

Como consecuencia de la traición que San Sebastián y Guipúzcoa hicieron al rey, colaborando con los franceses en la Guerra de La Convención (1795), Vargas fue destinado a Guipúzcoa con el doble propósito de asegurar el control del puerto de Pasajes, dotándole de un estatus similar al que ya tenían los demás puertos españoles, y asegurar, asimismo, el control sobre la frontera con Francia.

Con esos objetivos estratégicos, propuso y ejecutó en 1805 la segregación de San Pedro, como colchón entre San Sebastián y el puerto, y la anexión de Hondarribia, Irun y Lezo a Navarra, con la misma función de colchón entre Francia y Guipúzcoa.

Del carácter secreto de la misión y de su trascendencia ya hizo un apunte Serapio Múgica en 1915 cuando, en la introducción a la trascripción de la R.O. de 10 de agosto de 1800, dice que “se tuvo cuidado de no descubrir el objeto primordial de su venida al país”.

En dicha real orden de 1800 se le autorizaba a Vargas a realizar la, en apariencia, inocente labor de “reconocer los archivos guipuzcoanos sin limitaciones a fin de que todas puedan servir útilmente para la formación de la historia de la Marina Española”.

Tras cuatro años de trabajos, Vargas remitió a sus superiores una serie de informes, –además del ya conocido informe de 10 de julio de 1804 sobre San Pedro y el puerto de Pasaia–, que dieron pie a la R.O. de 26 de septiembre de 1805 que mandaba anexionar Lezo, Irun y Hondarribia a Navarra.

El estudio de Jesús Bargueño sobre la reordenación territorial del estado en la primera mitad del XIX, nos presenta cuales fueron los argumentos que inspiraron a Vargas en su propuesta de cambio de límites provinciales, que se pueden resumir básicamente en dos: establecer la unidad fiscal del Estado instalando las aduanas reales en toda la frontera; y la desconfianza hacia las autoridades guipuzcoanas que no ofrecían suficientes garantías de fidelidad al Estado.

A estas cuestiones se refieren también Gª de Cortazar y Montero cuando, hablando del puerto de Pasajes y las disposiciones de Vargas, dicen: “La disposición inspirada por Vargas Ponce era, desde luego, una racionalización del puerto de Pasajes. Pero era también un nuevo motivo de disgusto para los burgueses donostiarras, descontentos ya con la política arancelaria de la España de finales del Antiguo Régimen. Claro está que reclamaron ante el Estado, que no cedió en esta cuestión, decidido como estaba a liquidar el comercio del País Vasco foral, del que los donostiarras eran señalados representantes, y poco propicio a favorecer a quienes, a su juicio, habían traicionado a la monarquía en 1794”.

Sobre la opinión imperante en la corte de Carlos IV y los objetivos que dirigían sus actuaciones escribió el duque de Mandas, Fermín Lasala, en 1895, en su estudio sobre la Separación de Guipúzcoa y la Paz de Basilea: “Godoy, que tenía interés en difundir la opinión de que la guerra fue gloriosa y afortunada, al hablar de la rendición de San Sebastián se apresura a decir en sus Memorias, que no fue un hecho de armas, que el alcalde Michelena, de infame memoria (es Godoy quien así se expresa), y otros varios notables de la ciudad, fascinados por las promesas de una libertad ilusoria, bien distante de aquella que daban al país sus antiguos fueros y exenciones, fueron tristemente infieles a su patria”.(p.115). Y más adelante: “Godoy opinó que era menester proceder con disimulo al principio, pero preparándolo todo para atacar con oportunidad los Fueros en una resolución cuya gravedad comprendía mejor que Zamora. Mandó examinar el fundamento, legitimidad, carácter y alcance de lo que se proponía destruir o mermar. Por su orden registró Vargas Ponce los Archivos, dejando el investigador la tradición en el Archivo provincial de Guipúzcoa, en el municipal de San Sebastián, de que no exageró la escrupulosidad para formar la primera Colección de documentos contrarios a Vasconia, para que no se pudieran utilizar los favorables. (p. 258)

En resumen, Vargas cumplió a la perfección la misión para la que fue encomendado por el Estado. No terminó aquí su carrera y continuó colaborando con los sucesivos gobiernos, e interviniendo en cuestiones territoriales como parlamentario hasta su muerte en 1821.

Bibliografía: Bargueño, J.: “Euskadi, Navarra y La Rioja en la reordenación provincial del Estado (1800-1850)”, en Lurralde, nº 18, 1995, pp. 85-111 – Gª Cortazar, F. y Montero, M.: Diccionario de Historia del País Vasco, t. II, p. 265 – Zufiria, J. de (Serápio Múgica): “Documentos curiosos. Vargas Ponce en Guipúzcoa”, en Euskalerriaren alde, V, pp. 475-476 – Lasala, F: La Separación de Guipúzcoa y la Paz de Basilea. Txertoa, 1987 [1895].

Alegaciones al Plan General

Esta semana pasada el alcalde donostiarra nos ha enviado la respuesta del pleno a las alegaciones presentadas al avance del plan general: desestimadas y muchas gracias.

Y es que cada marcha gris tiene sus peculiaridades. En Donostia, al contrario de Pasaia, intentan hablar lo menos posible de historia porque ven en ella un freno a lo que ellos entiende como progreso. En Donostia les gusta más hablar de ecología, pero por lo que se ve, nuestros erizos, jilgueros, malvices, las avefrías que vienen de centro Europa a descansar en invierno, ni los robles, ni los arroyos que tenemos en Auditz-Akular son de la categoría necesaria. Así que, o encontramos una ranita meridional, o un desmán de los Pirineos, o un visón europeo, o sino, toma cemento. Cemento para soterrar y encauzar arroyos, cemento para acotar zonas verdes, cemento para levantar bloques bioclimáticos.

La historia nos habla de transformaciones y pervivencias, y nos ayuda a ser conscientes de ellas. La marcha gris donostiarra pretende ignorar la historia, y la pasaitarra instrumentalizarla para competir con Donostia en la carrera de construir más y más en Auditz-Akular.

Seguiremos presentando alegaciones al plan general en el ayuntamiento donostiarra recordándoles lo que han hecho en el pasado en Altza, y seguiremos en este blog desarmando los argumentos históricos con los que algunos en Pasaia pretenden participar en la loca carrera del hormigón.

La cuestión territorial después de Vargas

El objetivo último de la real orden de 1 de junio de 1805 era la de recuperar para la corona el control del puerto, y separar a San Sebastián de cualquier futura reivindicación sobre el mismo, creando con ese fin la villa de Pasajes.

A continuación, sucesivas reales órdenes fueron atando con minuciosidad todos los detalles concernientes a la administración municipal de la nueva villa (R.O. 19-8-1805), así como los correspondientes a la gestión del puerto (R.O. 4-3-1807). La delimitación del nuevo término municipal de Pasajes, sin embargo, no se ejecutó como quería Vargas. De hecho, el plano que él dibujó e envió a sus superiores no obtuvo la necesaria aprobación real, y el nuevo municipio inició su andadura con el territorio original de San Pedro, -la ladera sur del monte Ulia, entre Gomistegi y el canal-, más la jurisdicción sobre el puerto y sus aguas.

Está claro que los gobernantes tenían la voluntad de incorporar al término pasaitarra las “vertientes de los montes al puerto”, pero este asunto, jurídica y geográficamente hablando, era más complejo que lo que pensaban en un principio. A los argumentos esgrimidos por los afectados, recogidos en la "Memoria de las razones..." de 1807, y que alegaban perjuicios e indefensión, hay que añadirle las complicaciones que el propio texto del auto de Vargas había creado: invadiendo, aunque fuera levemente, los términos municipales de Astigarraga y Rentería en torno al mojón común de Ataño; incluyendo en su plano la ladera norte de Ulia, entre la ensenada de Illurgita y la punta de Arando-, que en sentido estricto no es una vertiente del puerto; y, por el contrario, pasando a Rentería la ladera derecha de Molinao, entre Basanoaga y Maleo, que sí era una vertiente del puerto.

Y así fue que, cuando en 1807 una R.O. nombra nuevos ingenieros militares para que estudien el plano y propongan si les parece necesario uno nuevo, los trabajos de estos señores producen la alarma en municipios como Oiartzun, cuyo término municipal está compuesto por montes cuyas aguas también vierten al puerto, y se vieron en la necesidad de elevar su protesta y preocupación ante la Diputación (21-8-1807).

En estas condiciones se comprende que la propuesta de Vargas no prosperara y que la real orden de 15 de enero de 1807 siga aún hablando del dibujo de un plano, y empiece a pensar en las indemnizaciones que se deberán pagar a los perjudicados cuando se tome una decisión definitiva sobre el mismo.

Después del paréntesis napoleónico (1809-1813), se volvió al estado de cosas creado a partir de 1805, eso sí, de los planos no se vuelve a hablar, y San Pedro solicita en 1827 su reincorporación a San Sebastián. Desde el gobierno se corta con esta pretensión dictando una real orden con fecha 23 de abril de 1828, en la que se ordena que “la Marina limitase su conocimiento sólo a la cuestión del puerto”, y que sobre los demás puntos de disputa, las partes acudiesen “las partes a donde respectivamente correspondiese según las naturalezas de los negocios.”
(Documentos relacionados: párrafos extraídos de la Memoria de 1807, y la real orden de 15 de enero de 1807)

Auto de Vargas Ponce

El auto de Vargas Ponce lo han querido convertir en el “acta fundacional” del Pasaia moderno.

Un auto como éste, sin embargo, no pasa de ser un documento más en la tramitación de una causa. Tal y como se recoge en el mismo, Vargas propone a la aprobación del rey una nueva demarcación para Pasaia, y que nunca se produjo.

Un dato silenciado por ellos es que Vargas plantea en dicho auto que los terrenos de Esnabide y Las Mercedes quedaran para Rentería.

El plano, en términos cartográficos, es de poca calidad, e imposible de llevarlo a la práctica. No sólo se salta a la torera los derechos y la voluntad de los habitantes, sino que, además, invade la jurisdicción de Astigarraga y la de Rentería en la zona de Ataño (Bordazar).

Es curioso que con ser este documento la base de la reivindicación pasaitarra, no lo hayan publicado en ninguno de los medios que han utilizado para hacer publicidad de su causa.

Cronología de "La Marcha Gris"

Marzo de 1999: Los alcaldes de Pasaia (Bixen Itxaso) y de Donostia (Odón Elorza), junto con el Diputado Foral de Urbanismo (Jorge Letamendia, concejal de Donostia en la actualidad), firman el denominado “Protocolo para el estudio y propuesta de compatibilización del Planeamiento entre los municipios de Donostia-San Sebastián y Pasaia en el ámbito de la Regata de Molinao y su entorno”, un protocolo que el Ayuntamiento de Donostia quería cumplimentar en vistas a los desarrollos de Landarro y Auditz-Akular.

Febrero de 2002: El secretario municipal, Joseba Belaustegi, “descubre” el auto de Vargas Ponce.

El Ayuntamiento decide profundizar en el estudio del litigio y encarga dicha labor a la Sociedad de Ciencias Aranzadi.

Reuniones de la Comisión Mixta Pasaia-Donostia en torno al documento “Alteración de los términos municipales de Pasaia y Donostia-San Sebastián y de sus límites”.

Marzo de 2002: Fin de los trabajos de la Comisión Mixta. El gobierno municipal donostiarra no consigue el apoyo necesario de los grupos municipales, y el pasaitarra esgrime los nuevos argumentos basados en el auto de Vargas Ponce.

Abril de 2002: David Zapirain redacta el informe histórico, mientras que los catedráticos de la UPV José Manuel Castells y Demetrio Loperena redactan el informe jurídico.

Mayo de 2002: Instan a Rentería a realizar un nuevo deslinde con motivo de la tramitación del Plan General de Ordenación de Rentería.

Julio de 2003: Se interpone recurso contencioso-administrativo contra la aprobación unilateral por Donostia del Plan Especial del Monte Ulia.

Junio de 2005: Publicación del libro “Pasaia 1805-2005: 200 años de unidad”, escrito por David Zapirain, que en realidad viene a resumir el largo litigio en torno a las mugas desde la perspectiva señalada por el secretario municipal.

Julio de 2005: Se pone en marcha la Comisión Especial de Mugas con representantes de todos los partidos políticos con el objetivo de recabar el apoyo de los pasaitarras en la reivindicación de las mugas reales y originales de Pasaia.

La marcha gris

Altza, en su historia reciente y en sucesivas oleadas, ha sido víctima de la fiebre constructora de la capital, que de una forma caótica ha ido transformando nuestro espacio a partir de intereses exclusivamente económicos.

El último episodio lo están protagonizando las instituciones públicas (ayuntamiento, gobierno vasco) con proyectos de construcción y concentración masivas de viviendas de VPO en el territorio altzatarra: Antondegi con 4000 viviendas, Auditz-Akular con 3000…

La construcción se ha demostrado como una tremenda máquina de hacer dinero que pone los dientes largos a medio mundo y, parece, que al grito de “tonto el último” la gente se pelea por sacarle toda la tajada que puede, cueste lo que cueste.

El ayuntamiento de Pasaia no quiere quedarse el último y, emulando la tristemente conocida “Marcha Verde” de Marruecos sobre el Sahara, treinta años después ha organizado una nueva marcha, gris de cemento en este caso, para ocupar un territorio que nunca ha sido pasaitarra, y para participar de los beneficios que reportarán la urbanización intensiva de los últimos espacios verdes que quedan entre la autopista A-8 y la bahía de Pasaia. A base de talonario (historiadores, abogados…) y de victimismo, intenta forzar a Donostia para que comparta los beneficios del negocio constructivo. Y todo a cuenta del patrimonio de Altza.

Hace 200 años el ilustrado Vargas Ponce se valió de Pasaia para quitarse de en medio a Donostia en el negocio del puerto, y ya entonces pretendió, sin conseguirlo, partir Altza en dos en pro de unos intereses económicos. Pretendía pasar a Pasaia cincuenta y nueve casas y caseríos que desde sus orígenes fueron altzatarras, y cuyos vecinos doblaban en número a la población del Pasajes de San Pedro de entonces. Sus intenciones, en justicia, no prosperaron.

Que eso lo quisiera hacer Vargas, un hijo de su tiempo… ¡Pero que eso mismo se les pase por la cabeza a mentes del siglo XXI! Eso sólo tiene una explicación: a los participantes en la marcha gris la fiebre de la construcción les ha producido un delirio que les lleva a querer pasar como una apisonadora por encima de la voluntad de los vecinos, y a falsear la historia.

A Vargas le consiguieron parar los pies. Frenar a los nuevos vargas, sin embargo, puede que sea más difícil, porque tanto unos como otros son hijos de la misma madre, y comparten, cada uno por su lado, los objetivos de la marcha gris. Por eso, es fácil que la tan cacareada negociación que demanda Pasaia se pueda producir. Ahora bien, sobre cual será la aportación que hará Pasaia en ese cambalache no nos cabe la menor duda: más altura en los bloques, más viviendas, más pabellones, más calles, más coches… Todo por la pasta, perdón, todo por mejorar nuestras condiciones de vida.

Mugas de Pasaia: la invención del cuento

Durante los últimos meses estamos asistiendo a una movilización general de los representantes políticos pasaitarras de todos los colores en defensa de lo que ellos llaman las “mugas reales y originales” de Pasaia. Ni reales, ni originales, esa reivindicación no es más que un cuento que se han inventado a partir de la manipulación de los datos históricos y la demagogia.

Los argumentos con los que visten el cuento están respaldados por los informes histórico y jurídico encargados al efecto, y que están recogidos en el libro “Pasaia 1805-2005”, de David Zapirain. Esos argumentos, sin embargo, no responden a fundamento histórico ni jurídico alguno, sino a razones de oportunidad política, y relacionada directamente con un intento de reparto de la tarta que se cocina en Auditz-Akular y Landarro.

La génesis la explica muy bien el secretario municipal pasaitarra en el prólogo de dicho libro y hay que situarla en el “descubrimiento” que cree hacer en 2002 de ciertos documentos, y la interpretación particular que hace de los mismos. Convence a las autoridades municipales de la oportunidad histórica de dicha interpretación, y encargan los correspondientes informes.

El informe histórico, redactado por David Zapirain y firmado por Aranzadi, se convierte en la piedra angular del conflicto. De la lectura de la documentación se desprende que no hay ningún dato nuevo sobre el tema y sí, sin embargo, una reinterpretación, en la línea de lo que quería hacer Vargas, y no pudo.

En la Real Orden de 1805 se funda la villa de Pasaia, pero en ella no se deslinda ningún término. En agosto de ese mismo año, Vargas hace su propuesta de delimitación, objeto de la anacrónica reivindicación, pero nunca fue aprobada por el rey. Lo curioso de todo esto es que, siendo este auto el argumento principal de los promotores del litigio, este auto no haya sido publicado más que parcialmente. De él sólo se nos habla de la larga lista de cincuenta y nueve caseríos que Vargas pretendía expoliar a Altza. Pero no se dice nada de cómo Vargas, a sueldo también en esta historia del ayuntamiento de Rentería, expone en ese auto su pretensión de dar la margen derecha de Molinao, las laderas de Esnabide y las Mercedes, a Rentería, y en el plano que traza, además, invade las jurisdicciones de Astigarraga y Rentería.

En 1807, otra Real Orden, destituye a Vargas y nombra a otros ingenieros militares para que hagan una nueva propuesta. Si la hubo, nadie tiene noticia de ello.

Lo más grave de todo esto es que los redactores de los informes den a un auto que se quedó aparcado en el camino una validez jurídica que no tiene, y nunca nadie le ha dado.

El otro pilar de la argumentación es la sentencia de 1890. El fallo de dicha sentencia es meridianamente claro y se cumplió en todos sus términos: los terrenos ganados al mar son de Pasaia, y Antxo, que estaba siendo administrado por el ayuntamiento de Altza por decisión de la Diputación de Gipuzkoa, pasó a la administración pasaitarra. Los redactores de los informes, sin embargo, manipulan la sentencia convirtiendo algunos de los considerandos de la sentencia en el fallo de la misma. Tras la sentencia, los terrenos que el ayuntamiento pasaitarra reivindica ahora como “originales” y “reales” siguieron siendo de hecho y de pleno derecho altzatarras.

Durante siglos, Pasai San Pedro y Altza han sido entes menores de población, con regidores jurados, diputados del común y síndicos personeros que, dentro de la jurisdicción donostiarra, administraban ciertos ámbitos de la vida municipal con autonomía, y también un territorio. El rey tenía la facultad de crear una villa a partir de un ente de población, y darle la jurisdicción sobre su territorio y aportar, además, algo que era suyo, como el puerto. Pero lo que no podía hacer el rey sin pasar por los tribunales, era el segregar, sin más, la mitad del territorio altzatarra. Vargas puede ser todo lo genial que quieran los redactores de los informes pero en esto, como en otros temas, se equivocó.

El documento que pone las cosas en su sitio es el deslinde realizado en 1939. En las actas quedan claramente recogidos los fundamentos legales sobre los que se llevaron a cabo (R.O. de 30 de septiembre de 1870 y de 23 de marzo de 1906) por las que se rigieron todos los deslindes realizados en España hasta esa fecha. En dicho deslinde Pasaia y Altza fijaron la práctica totalidad de los mojones menos uno, el último que llevaba la muga desde Azkuene hasta el mar, en Mendiola. Tampoco se pusieron de acuerdo en la línea que iba del primer mojón, -rubricado por Pasaia, Altza y Rentería, al pié de lo que hoy es Don Bosco- ­ hasta el segundo, en Molinao. La discusión estaba en hasta dónde llegaba la marea alta antes de la desecación de Antxo.

En estos doscientos años, Altza alcanzó su independencia de Donostia en los años 1821-1823 y 1879-1940. Durante estos periodos de tiempo, Altza ha ejercido la pleno jurisdicción de hecho y de derecho sobre ese territorio, incluso en un determinado momento sobre Antxo.

Esto que acabamos de decir todo el mundo lo ha tenido claro, pasaitarras, altzatarras, Diputación, tribunales…, todos menos Vargas y los redactores de los informes encargados por el ayuntamiento pasaitarra que se han inventado un cuento con ingredientes históricos para crear un conflicto interesado. Los cuentos son bonitos mientras sean cuentos y no se pretenda construir sobre ellos el futuro de los que vivimos en torno a la bahía.

La resurrección de Vargas Ponce y la marcha gris

Después de leer la entrevista que PASAIAN realizó en su último número a los catedráticos de la UPV sobre el conflicto de mugas promovido por el ayuntamiento de Pasaia, me he decidido a escribir estas líneas para exponer los errores básicos del planteamiento que hacen, y las razones que, en mi opinión, han llevado a los promotores del conflicto de mugas a resucitar a Vargas Ponce.

Para empezar, la gente debe saber que no hay ningún documento nuevo sobre la mesa, que todos los documentos que utilizan ya habían sido leídos y estudiados, incluso publicados, con anterioridad. Estamos, pues, ante un “redescubrimiento”, una reinterpretación que utiliza sólo los párrafos que interesan. Parece que el sólo hecho de mencionar fechas, reales órdenes y demás, que suenen a algo serio, es suficiente. Pues no.

No es verdad que en la Real Orden de 1805, en la que se funda la villa de Pasaia, se delimite ningún término. No hay más que leer el libro de Zapirain (Pasaia 1805-2005, pág. 77). Leyendo la orden se ve que lo que sí queda atado, y bien atado, es el control del puerto por el estado, razón última que trajo a Vargas a estos pagos.

Tampoco es verdad lo que dicen los catedráticos de que el 15 de enero de 1807 una nueva Real Orden vuelve a señalar el término. Error grave, pues en esa fecha, según Zapirain (pág. 97), sólo se produce la destitución y cese de Vargas Ponce, víctima, según parece, del juego político que a él le gustaba jugar, y que continuó jugando después de haber cumplido plenamente con el objetivo que le trajo a Pasaia, y que no era otro que el de quitar a San Sebastián la jurisdicción del puerto. Ninguna de las maravillas que pronosticaba para Pasaia se cumplieron, y los problemas que creó si que tienen plena actualidad.

Hablan de la sentencia de 1890, y se confunden. El fallo de la misma es muy claro: los terrenos ganados al mar son de Pasaia. Y se cumplió plenamente. Antxo, que estaba siendo administrado por el ayuntamiento de Altza, pasó a la administración pasaitarra. Convertir un considerando de la sentencia en el fallo de la misma no se ajusta a la verdad. La sentencia se cumplió en todos sus términos y, por supuesto, los terrenos que el ayuntamiento pasaitarra pretende como “originales” siguieron siendo de hecho y de pleno derecho altzatarras, como siempre lo han sido.

Más errores. Cuando hablan del deslinde realizado en 1939 recurren a la expresión “fenómenos extraños”, y se aprovechan de las resonancias tan negativas que tiene el franquismo en la mente de los lectores para afirmar que el deslinde no tuvo ningún fundamento legal. Leyendo el documento vemos que en el acta de deslinde quedan claramente recogidos los fundamentos legales sobre los que se llevaron a cabo y, que por supuesto, no son de época franquista. En concreto, el acta menciona la ley de 30 de septiembre de 1870 y otra de 23 de marzo de 1906, que rigieron todos los deslindes realizados hasta esa fecha en España. Los pasaitarras deben saber que en este deslinde, como el anterior de 1889 que sirvió de base para realizar este de 1939, Pasaia y Altza fijaron la práctica totalidad de los mojones menos uno, el último que llevaba la muga desde Azkuene hasta el mar, en Mendiola. Tampoco se pusieron de acuerdo en la línea que iba del primer mojón, -rubricado por Pasaia, Altza y Rentería, al pié de lo que hoy es Don Bosco- ­ hasta el segundo, en Molinao. La discusión estaba en hasta dónde llegaba la marea alta antes de la desecación de Antxo. El topógrafo del Instituto Geográfico, en cumplimiento de la ley, trazó en estos puntos una línea provisional que es la que actualmente está vigente.

Los catedráticos nos cuentan cómo las conclusiones a las que llegan coinciden con las del informe histórico de Aranzadi, “medalla de oro de San Sebastián y que es imparcial”. De imparcialidad, nada. Interesado por la autoría del informe me dirigí a Aranzadi y me remitieron al autor del libro “Pasaia 1805-2005”, el pasaitarra David Zapirain. No hay más, pues, que coger el libro, magníficamente ilustrado, y nos encontraremos de lleno con la “imparcialidad” de que hablan los catedráticos. Según leemos en el prólogo, el secretario municipal descubre el auto y plano de Vargas, algo, por otro lado, archiconocidos. Convence a las autoridades de la utilidad que en estos momentos tiene su “descubrimiento”, y encarga un informe a Aranzadi que va ser redactado por el pasaitarra David Zapirain. Tenemos razones para afirmar que el trabajo de Zapirain, quien combina muy bien sus artes profesionales con pasaitarrismo y algo de melancolía, ha servido de base para el informe jurídico que les encargó el ayuntamiento.

Volviendo a los documentos, el auto de Vargas es el que aporta los argumentos de peso, ¿Porqué no lo transcriben? En la página 93 del libro tenemos la ilustración del auto. De él sólo nos cuentan la larga lista de caseríos que Vargas pretendía expoliar a Altza. No se dice nada, y es lo más grave, de que ese auto no pasó de ser un trámite iniciado por Vargas y que nunca fue aprobado por autoridad alguna. Además, y esto también se lo callan, Vargas, a sueldo también en esta historia del ayuntamiento de Rentería, pretende compensar a Rentería dándole los terrenos que se encuentra en la margen derecha de Molinao.

Y es que parece que la historia se paró el día que Vargas redactó el auto y se fue a su casa. Altza existía antes de Vargas, y también existió después.

Antes de 1805, el Pasage de Aquende (San Pedro) y Altza eran entes menores de población, con regidores jurados, diputados del común y síndicos personeros que, dentro de la jurisdicción donostiarra, administraban ciertos ámbitos de la vida municipal con autonomía y, lo que nos interesa al caso, administraban un territorio, tal y como se puede consultar en multitud de documentos. El rey tenía la facultad de crear una villa a partir de un ente menor de población como San Pedro y darle, a su vez, la jurisdicción sobre algo que era suyo, el puerto. Pero lo que no podía hacer sin pasar por los tribunales –como dicen los catedráticos entrevistados, en aquella época había una cierta separación de poderes–, era el segregar, sin más, una gran porción de un territorio con entidad jurídica como Altza. Vargas puede ser todo lo genial que quieran los redactores de los informes pero en esto, como en otros temas, se equivocó y metió la pata.

Esto que acabamos de decir todo el mundo lo ha tenido claro, pasaitarras, altzatarras, Diputación, tribunales…, todos menos Vargas y los redactores de los informes. San Sebastián siempre ha querido recuperar el control sobre Pasajes San Pedro y el puerto. Pasaia se ha defendido con éxito, lo que contradice en parte la tesis de los catedráticos de que el pez grande se come al chico. Altza, no ha sabido, no ha podido, o no ha querido, pero todo parece indicar que los juristas animan a Pasaia a que juegue a pez grande para comerse a un Altza reducido a barrio, sin personalidad jurídica ni capacidad presupuestaria para defenderse.

Sobre los terrenos de Altza no se ha pleiteado desde 1808. Únicamente, cuando se desecaron los brazos de mar de La Herrera y Molinao (Antxo), Altza aspiraba, en buena lógica, a ejercer su jurisdicción sobre esos terrenos; y la ejerció durante un tiempo. Frente a esto, Pasaia hizo valer sus razones, basadas en lo que Vargas promovió; y ganó.

En estos doscientos años han pasado más cosas que hay que tener en cuenta. Altza ha sido independiente entre 1821 y 1823, y desde 1879 hasta la anexión definitiva de 1940. Durante estos periodos de tiempo, Altza ha ejercido de pleno derecho su jurisdicción sobre el territorio y las personas que lo habitaban. Incluso, como hemos mencionado más arriba, en un determinado momento sobre Antxo. Altza y Pasaia han tenido problemas de deslinde en el monte Ulia, y más concretamente en la vertiente norte, que da al mar. Las razones de estas diferencias no son del todo claras. Quizás habría que buscarlas en el aprovechamiento comunal del monte y el peso relativo que en esa época tenía cada una de las poblaciones en el momento del reparto (130 caseríos de Altza frente a los 8 de San Pedro).

Y hablando de pleitos, vamos a aportar un último dato, a modo de ejemplo, que habla de los criterios que el Consejo de Estado en la actualidad aplica en este tema. Dictamen aprobado el 30 abril de 1998: “La jurisprudencia del Tribunal Supremo, a partir de la Sentencia de 23 de octubre de 1902, ha venido proclamando que en los deslindes de términos municipales deben tomarse, ante todo, en consideración los documentos que se contraigan a deslindes anteriores realizados con la conformidad de las partes interesadas y, en defecto de esa conformidad, con los elementos de prueba que justifiquen el continuado ejercicio de jurisdicción sobre la zona en litigio; siendo de la mayor importancia los informes de la Dirección General del Instituto Geográfico.” Más claro, agua.

Llama la atención la admiración que sienten por Vargas, por alguien que fue todo un ejemplo en la instrumentalización de la historia al servicio de los intereses económicos y políticos. Unos intereses esos que antes como ahora mueven sus hilos, y así vemos cómo esos políticos, permanentemente enfrentados e incapaces de resolver los graves problemas que sufrimos, se unen ahora para crearnos nuevos, y llaman a los pasaitarras, al más puro estilo de Hassan de Marruecos, a luchar todos juntos por recuperar algo que, como el Sahara, nunca fue suyo, ni de hecho, ni de derecho, con los gastos a cargo de las arcas municipales. Esta, sin embargo, no es una “marcha verde” como aquella, sino gris, gris de hormigón.

Iñigo Landa