Se apagó el farol

Los próceres de la marcha gris pasaitarra anunciaron para diciembre que iban a llevar a los tribunales al ayuntamiento donostiarra y amenazaron con paralizar de este modo el proyecto de Auditz-Akular (Para refrescar la memoria basta con leer la entrevista a Belaustegi en Hitza y a los catedráticos en la revista Pasaian).

Estamos ya en mayo, la marcha gris donostiarra ha aprobado el plan de Auditz-Akular y de aquello no se sabe nada. Y mira que más de uno en Altza había depositado sus esperanzas en esa iniciativa. Pero nada. Nada de nada. ¿Dónde se han metido el señor secretario y los señores catedráticos? Ahora era su momento y nos han dejado con las ganas.

Para excitar el fervor de sus incondicionales estos juristas ponían a modo de precedente la sentencia favorable a Pasaia del año 2004 que paralizó el plan proyectado por el consistorio donostiarra para Ulia.

¿Pero cuáles fueron los argumentos tomados en cuenta por el tribunal para paralizar dicho plan? ¿Qué contiene esa sentencia que pueda favorecer su reivindicación?

Leemos la sentencia y vemos que el adalid de la marcha gris pasaitarra. Sr. Belaustegui, en representación de Pasaia, incluye entre los argumentos la mención de “una desavenencia histórica, que se remota a 1805”, pero que después no aparece, ni siquiera se insinúa, entre los motivos impugnatorios de la demanda. Donostia por su parte alega que “el Plan Especial aprobado no invade el término municipal de Pasaia definido en el Acta de Constitución del Municipio de 1805.”

Y de todo eso, ¿qué dice el Tribunal? Pues, de forma clara y escueta, da la razón a Donostia en lo que al término municipal respecta. Falla, sin embargo, en contra de la decisión tomada por el ayuntamiento donostiarra porque en los dos municipios tienen aprobadas normativas de rango superior que “contemplan para la ordenación pormenorizada del Monte Ulia un plan especial supramunicipal.” Es decir, que ambos municipios están obligados por sus ordenamientos a planificar conjuntamente y “su aprobación definitiva corresponde a la Diputación Foral”, la cual en todo ese proceso se ha mantenido al margen sin decir nada.

En consecuencia, de la lectura de dicha sentencia podemos sacar las siguientes conclusiones: primera, que el ayuntamiento de San Sebastián, como ya es habitual en la era Odón, se ha saltado a la torera su propia legalidad; segunda, que el ayuntamiento de Pasaia practica en Mendiola una política inspirada en el perro del hortelano, que ni hace ni deja hacer; y, por último, que Belaustegi y los catedráticos se han marcado un farol a cuenta de la sentencia de Ulia; y todo parece indicar que ese farol se ha apagado.

Urdin Irratia: Cerrado hace meses

José Ignacio Salazar, de Urdin Irratia, nos ha enviado el siguiente escrito:
Urdin Irratia estaba en Pasaia; la alcaldesa, un Concejal de urbanismo, ahora en los tribunales así como el propio Ayuntamiento, nos cerró por su propio capricho y porque criticábamos las mugas y el cemento. Una de las motivaciones del cierre persecutor a nuestro Medio, ha sido nuestra denuncia del montaje de mugas de Joseba Beslaústegi Cuesta. Tuvimos un encontronazo, una mañana en una rueda de prensa, sobre el tema de mugas. Nunca comprendimos cómo, algo que provenía del 2002, careciera de estrategia, era tan difuso y sectario y repartía las haciendas y lindes de los demás para mi casa y hasta el Alto de Miracruz, llevándose ahora, a decir de la Comisión, porque era de lucha emergente y de justicia patriotera, en un pueblo donde no tienen ni aceras. Era desorganizado y patético. La tarde posterior a la rueda de prensa, el director de la emisora recibió una llamada de Belaústegi no muy grata. En agosto cerraban la emisora, en la vulnerabilidad del verano, para nuestros abogados ilegalmente, dejaban a varios trabajadores en la calle. El propio Belaústegi, hablaba con nuestros abogados en tono desagradabilísimo. La emisora se exilió a San Sebastián y pleiteó con el Ayuntamiento pasaitarra y tiene previstas demandas penales para varios corporativos y secretario; pero todo comenzó por nuestro posicionamiento en favor de San Sebastián y en contra de la manipulación de las mugas. Respeto no tiene, Pasaia, ni por Alza ni por la emisora veterana que liquidaba impuestos y tasas y que defendió al pueblo del engaño de las mugas. Desde Pasaia se ha pretendido pasar por encima de la voluntad de los altzatarras y por encima de la libertad de expresión, asesinando al mensajero. No os quiero ni proponer lo que sería de Alza con Pasaia; que se lo pregunten a los trabajadores de Urdin Irratia que han tenido que empezar de nuevo, desde el exilio, arruinados, porque a sus señorías no les gustaban sus críticas. La tienen evidente los posibles conquistados: miseria, desorganización, sectarismo y pobreza de gestión así como persecución a la prensa.
Hay unos errores básicos en la argumentación oportunista de Belaústegi, que, al margen de su oportunismo e inopia, no es sino imperialmente inmobiliaria; el de contusionar informes de un enviado, lógicos en su obligado escriturado, con autos, y nada se relaciona con Actas de fundación. Además, la segregación de la que proviene la muga actual se toma erróneamente sobre la adecuación cartográfica y la segregación original que presupuso Vargas y de la que desconocemos; error mayúsculo. Esto, no es nuevo en Pasaia, confundieron un auto de un juez sobre una lógica de Recurso, con una sentencia de cierre judicial de una emisora, algo falso y que hubiera sido inconstitucional. Desde hace varios meses la Comisión no funciona y todo el daño hecho queda, ni para ellos, ni para los demás; se trataba de colonizar suelo urbanizable y nos costó el pan denunciarlo.
JOSE IGNACIO SALAZAR

... y silencios

Hemos entrado en 2007 y el secuestrador del archivo de Pasaia, el secretario Belaustegi, quien nos había anunciado que el tema de las mugas entraría en los tribunales para diciembre, todavía no ha dicho ni mu. Al final algo dirá, para eso le pagan. Mientras tanto, vamos a seguir hablando de algunos de los silencios y omisiones graves que hemos observado en los informes jurídico e histórico.

Al breve informe jurídico no se le puede pedir que no omita datos. La parcialidad de que hace gala es comprensible en la medida que su fin no es realizar un estudio científico y objetivo sobre el tema, sino dar un soporte jurídico a los argumentos que puedan favorecer a la parte contratante (que diría Groucho Marx). Al fin y al cabo, sus autores no lo disimulan y se limitan a vestir con un lenguaje jurídico las conclusiones recogidas en el “informe Aranzadi”, su única fuente de información y a la que se remiten una y otra vez.

Lo del 'informe Aranzadi' es otro cantar. El informe empieza por omitir el nombre de su autor quien, al enunciar los objetivos en la página 2, dice que “se trata de analizar científicamente, desde un punto de vista histórico, los indicios con los que el propio Ayuntamiento de Pasaia cuenta…”. Vamos, que va de científico y, además, su autor, ahora sí con nombres y apellidos, y haciendo gala de un positivismo trasnochado, se vale de su posición en la Sociedad de Ciencias Aranzadi para arremeter en el número 126 de Aranzadiana de una manera prepotente y arrogante contra los críticos de su libro. Dice que “nadie ha aportado ningún dato novedoso o no reseñado en el mismo”. Datos nuevos, lo que es decir nuevos, no hay. Lo que sí ha habido, insistimos, es un intento de presentar como científico un trabajo de manipulación y silenciamiento de datos e historiadores.

Un ejemplo de esto que estamos diciendo lo encontramos en el trato que Zapirain da a Pablo Gorosabel, cronista de la provincia, historiador, testigo directo y actuante en el tema que nos ocupa. Parece ser que Gorosabel no es digno de aparecer siquiera en la bibliografía del informe ni en la del libro. Porque leer, se supone que lo ha leído, ya que lo cita en una nota, —cuando habla del comercio de hierro en 1587—, y lo cita mal, dando un número de página erróneo.

La ausencia de Gorosabel en la bibliografía, sin embargo, es un grave error, no sólo porque en su conocido Diccionario habla con conocimiento de Pasajes y del tema del término municipal en particular, sino porque, además, Gorosabel fue miembro del tribunal que decidió en contra de las pretensiones de Pasajes de hacer valer el auto de Vargas e incorporar a su término los terrenos ganados al mar frente a Capuchinos. Como a Gorosabel no le puede manipular, sencillamente lo silencia.

El contenido de la sentencia dictada el 4 de febrero de 1848, sin embargo, es muy interesante y sus argumentos claros:
1. El auto de Vargas no fue aprobado y las reales órdenes de 1805, 1807 y 1828 no resolvieron este tema.
2. El deslinde vigente es el que se realizó en 1545 entre San Sebastián y Rentería: San Pedro era parte de San Sebastián y San Juan, tras su independencia en 1770, no compartía lindes con Rentería.

En consecuencia, mientras el rey no determinara definitivamente sobre el término de Pasajes “no puede menos de seguir entretanto que esto se verifique la demarcación asignada por determinaciones anteriores con respecto a la aldea o Pasajes de San Pedro y villa de Rentería.”

Este primer fallo del Consejo Provincial es de gran importancia porque muestra cual era el estado de la cuestión en 1848 y porque además ha marcado la línea jurídica que las sucesivas Diputaciones de Guipúzcoa han seguido hasta el presente.

Tiene razón Zapirain, éste no es un dato novedoso, pero es un dato, un dato más, que deja de manifiesto la poca calidad científica de su trabajo.