Sobre el conflicto de las mugas con Pasaia está ya todo dicho. Sólo faltaba la sentencia del Tribunal Supremo; y ya la tienen, la tenemos. El Tribunal Supremo ha cerrado definitivamente la vía de la imposición al ayuntamiento de Pasaia.
Los promotores del conflicto confiaban en que sonara la flauta, pero la flauta no ha sonado, y la lógica y la razón se han impuesto. Es hora de recapitular, hacer balance y pensar en el futuro.
Antes de elegir la vía de los tribunales, el ayuntamiento pasaitarra junto con el de Rentería y San Sebastián, y la Diputación, participaban en unas negociaciones para modificar el trazado de las mugas en la zona de Molinao. Entre manos tenían Auditz-Akular, Landarro, y otros desarrollos urbanísticos. Eran años en los que el cemento y la construcción aportaban mucho dinero a las arcas municipales, dinero que no llegaba a Pasaia por las limitaciones de su término. Las perspectivas no eran las que querían. Decidieron dar un órdago a la grande y recurrir a los tribunales, aparcando la negociación y pasando por encima de la voluntad de los vecinos implicados, sin referéndum ni consulta alguna.
La campaña llevada a cabo durante estos seis años se ha basado en una recreación histórica sobre la fundación de la Villa de Pasaia en 1805, y una labor de propaganda basada en tópicos y prejuicios revestidos de literatura histórica y terminología jurídica.
Todo les ha ido relativamente bien hasta que han llegado a los tribunales. Sus planteamientos han hecho agua por todas partes, en las formas y en el fondo, aunque ellos no lo quieran ver. Su dogmatismo se lo impide.
No se dan cuentan de que el informe histórico y el jurídico que les ha servido de base para su argumentación eran dos informes encargados y pagados para cumplir un fin predispuesto y que fueron redactados con ese objeto. El que esos informes fueran maquillados con la imagen y el nombre de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y de la Universidad del País Vasco puede valer para efectos propagandísticos pero no se sostienen de ninguna manera ante el análisis histórico y ante ningún tribunal, tal y como ha quedado fuera de toda duda con la sentencia del Tribunal Supremo.
En 1807 Vargas Ponce fue apartado de su comisión y se retiraba hablando del "desaire y agravio en que me quedo". Había fracasado en su deseo de dotar al nuevo municipio creado por él dos años antes de los términos que a él le parecían convenientes, tratando de pasar por encima de los derechos de personas e instituciones que lógicamente recurrieron, y por lo que nunca ninguna instancia ni política ni judicial pudo ordenar su ejecución.
Doscientos años después, los que querían resucitar a Vargas se tienen que retirar del conflicto creado por ellos del mismo modo que aquél, escudándose en el victimismo. La alcaldesa y la comisión de mugas hablan de "desamparo absoluto", y lo dicen sin ninguna vergüenza, tratando de hacernos creer a los 25.000 altzatarras que quería someternos a su jurisdicción en virtud de un cuento sostenido por un historiador y un letrado, que los desamparados son ellos. ¿Qué justicia europea puede amparar en 2011 a quienes pretenden la ejecución de un proyecto creado en 1805, en pleno despotismo ilustrado?
Desamparo, sin embargo, fue lo que sintieron los antxotarras en 1890 (ver las crónicas de La Voz de Guipúzcoa) cuando el Tribunal Supremo de aquel tiempo, les obligó a hacerse pasaitarras dividiendo el barrio de Antxo en dos, causa de muchos de los problemas actuales.
Desamparo lo que sentimos los altzatarras en 1940 cuando un ayuntamiento franquista entregó Altza a San Sebastián.
Desamparo es el que vivimos en Herrera donde los vecinos estamos marginados de toda toma de decisión sobre cuestiones que nos afectan gravemente.
Desamparo es lo que hemos sentido 25.000 altzatarras en 2011 viendo como el ayuntamiento de Pasaia jugaba con nuestros derechos mientras el ayuntamiento de San Sebastián nos mantenía inmersos en la desinformación y el olvido.
¿Qué hubiera pasado de haber sido el fallo favorable a Pasaia? Que la irracionalidad urbanística y administrativa creada en 1890 se volverían a reproducir un siglo después multiplicando y trasladando los problemas que conocemos tan bien en la calle Eskalantegi y en Azkuene a más calles del entramado urbano altzatarra. Los políticos pasaitarras no se ha distinguido precisamente por su habilidad para resolver problemas, y, sin embargo, han demostrado que son capaces para unirse sin distinción de ideologías para crear nuevos problemas imponiendo su particular punto de vista a miles de ciudadanos a los que no representan.
El Tribunal Supremo ha fallado y les ha cerrado el camino. El cuento se ha acabado.
